Un grupo de pescadores del campo pesquero Paredones denunció una serie de expulsiones y presuntas represalias al interior de la cooperativa Eustaquio Urías, donde aseguran haber sido excluidos del padrón por el solo hecho de haber encontrado empleo en la planta de fertilizantes de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO)
Norte de Sinaloa, México, a; 8 de junio de 2026.- Los testimonios, recabados bajo anonimato por temor a represalias, describen un ambiente de presión, división interna y castigo hacia quienes no comparten la postura de rechazo al proyecto industrial.
“Nos están corriendo sin escucharnos, nada más por trabajar en la planta. Nosotros lo único que buscamos es sacar adelante a nuestras familias”, señaló uno de los afectados.
De acuerdo con los denunciantes, la exclusión no responde a faltas dentro de la cooperativa, sino a una diferencia de opiniones frente al proyecto. Aseguran que quienes decidieron integrarse laboralmente a la planta han sido dados de baja sin proceso interno claro, en un contexto donde, afirman, se exige alineamiento con las movilizaciones contra la empresa.
“Si no estás de acuerdo o no participas, te van sacando. Hay presión para ir a las protestas y el que no cumple queda fuera”, relató otro pescador.
Los trabajadores estiman que alrededor de 40 socios han sido excluidos en circunstancias similares, situación que ya ha derivado en al menos cuatro demandas laborales por despidos que consideran injustificados.
Además de la salida de la cooperativa, que durante años representó su principal fuente de ingresos, los denunciantes afirman que enfrentan un clima de hostigamiento social dentro de sus propias comunidades.
“Nos señalan, nos gritan cosas por trabajar ahí. Nos llaman traidores”, indicaron.
Una ruptura dentro del propio sector pesquero
Los testimonios apuntan a una creciente polarización al interior de las comunidades pesqueras, donde el conflicto por la planta de fertilizantes ha trascendido el ámbito ambiental para convertirse en una disputa social y económica entre quienes respaldan el proyecto y quienes lo rechazan.
Según los denunciantes, la dirigencia de la cooperativa mantiene afinidad con colectivos opositores al proyecto, lo que, a su juicio, ha influido en decisiones internas que terminan afectando a socios que optan por otras alternativas de empleo.
“Esto ya no es sólo pesca, es una cuestión de posturas. Si no piensas igual, te excluyen”, resumió uno de los testimonios.
El trasfondo económico: pesca en declive y búsqueda de empleo
Los pescadores justifican su decisión de trabajar en la planta en la falta de estabilidad económica de la actividad pesquera, la cual —afirman— depende de temporadas y ha venido deteriorándose en los últimos años.
“La pesca ya no alcanza. Hay temporadas buenas, pero no es constante. Uno tiene que buscar cómo sostener a la familia”, explicaron.
Algunos de los testimonios van más allá y advierten sobre prácticas dentro del propio sector que, aseguran, han contribuido al deterioro del ecosistema, como la pesca fuera de temporada o el incumplimiento de vedas.
“También nosotros mismos hemos dañado la bahía. No todo es la industria. Hay gente que no respeta las vedas y eso afecta a todos”, señaló uno de los pescadores.
En ese contexto, los denunciantes aseguran haber encontrado en el proyecto industrial una alternativa de ingreso más estable, con pagos quincenales y prestaciones que, dicen, no obtienen en la pesca.
Defensa del empleo y contraste con la situación actual
Quienes actualmente laboran en la planta destacan que, pese a los bloqueos y protestas que han frenado el acceso a las instalaciones, la empresa ha mantenido el pago puntual de salarios.
“La empresa se ha portado a la altura. Nos han pagado en tiempo y forma, incluso con los bloqueos”, señalaron.
Para ellos, esta estabilidad contrasta con la incertidumbre de la pesca y refuerza su decisión de mantenerse en el empleo industrial, a pesar de la presión social y la exclusión de la cooperativa.
Temor a represalias y silencio público
Los pescadores insistieron en mantener su identidad en reserva por temor a posibles consecuencias en sus comunidades, donde, afirman, el tema ha generado tensiones e incluso riesgos personales.
“No podemos dar nombres. Hay miedo. Somos gente de ahí mismo y esto se puede voltear en contra”, advirtieron.
Un conflicto que rebasa lo ambiental
La denuncia refleja cómo el conflicto en torno a la planta de fertilizantes en Topolobampo no sólo enfrenta visiones sobre desarrollo e impacto ambiental, sino que ha comenzado a fragmentar al propio tejido social de las comunidades pesqueras.
Para los pescadores afectados, la discusión ya no se limita a la viabilidad del proyecto, sino al derecho de cada trabajador a buscar alternativas económicas sin ser sancionado dentro de su propia organización.
“No todos pensamos igual, pero eso no debería ser motivo para quitarnos nuestro lugar”, concluyeron.