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La Ley General de Asentamientos Humanos, reformada recientemente, contempla sanciones administrativas y penales para las autoridades de todos los niveles de gobierno que permitan asentamientos humanos en zonas de riesgo. También se obliga a los tres niveles de gobierno a articular esfuerzos para reducir los riesgos y que el uso de suelo sea adecuado.

A partir del próximo año se recibirán los primeros recursos.

El programa contempla la reubicación de la población en riesgo

Mazatlán, Sinaloa, México, a; 29 de Noviembre de 2016.- Mazatlán fue incluido en el Programa de Prevención de Riesgos que maneja la SEDATU a nivel nacional con el objetivo de mitigar los impactos de fenómenos naturales en asentamientos humanos y establecer esquemas de reubicación de la población establecida en zonas expuestas a inundaciones, deslaves y otros peligros.

Como parte de dicho programa, la dependencia federal entregó hoy al Ayuntamiento de Mazatlán el Estudio de Viabilidad y Costo Beneficio para la Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo. Al mismo tiempo, se anunció que se dará inicio al Estudio del Perfil de Resiliencia de esta ciudad.

El Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán (Implan) es el responsable de la elaboración de dichos estudios bajo la guía de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Con estas acciones, el municipio podrá acceder a recursos federales a partir del próximo año para la implementación de las primeras medidas preventivas como parte de un proyecto a largo plazo, informó el Director General de Ordenamiento Territorial y Atención de Zonas de Riesgo de la SEDATU, Armando Saldaña Flores.


Durante el evento protocolario, el funcionario explicó que estos estudios servirán para saber con precisión en dónde están las zonas de mayor riesgo y determinar el tipo de obras de mitigación necesarias. En etapas posteriores se contempla la reubicación de los habitantes de esos asentamientos y la reconstrucción de los espacios desalojados convirtiéndolos en áreas verdes, lugares de uso común y esparcimiento.

Saldaña Flores recordó que la Ley General de Asentamientos Humanos, reformada recientemente, contempla sanciones administrativas y penales para las autoridades de todos los niveles de gobierno que permitan asentamientos humanos en zonas de riesgo. También se obliga a los tres niveles de gobierno a articular esfuerzos para reducir los riesgos y que el uso de suelo sea adecuado.

Al respecto, el Director de Implan Mazatlán, Israel Victoria Lona, informó que el municipio ya cuenta con mecanismos de ordenamiento territorial y un Atlas de Riesgos, de ahí que desde el año 2012 no se han regularizado asentamientos en zonas expuestas al peligro.

Esta fue la razón por la cual Mazatlán fue seleccionado para formar parte de la Red de Ciudades Resilientes  que conforman 20 localidades del país que han sufrido algún tipo de siniestro y que están expuestas al embate de fenómenos naturales. A este grupo de ciudades se les elaborará el Estudio de Perfil de Resiliencia antes señalado.

Por su parte, el alcalde Carlos Felton González manifestó que durante su administración se incrementó el presupuesto al Implan y se depositó confianza en el organismo al considerarlo como una vía para la rectoría del crecimiento y desarrollo de la ciudad.

“El Implan debe de correr libre, debe de correr en paralelo a los intereses de la ciudad y el alcalde no debe ser impedimento ni factor de decisión a la hora de buscar las alternativas óptimas para la ciudad”, aseveró.

Ramón Valdez Caro, Subsecretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, reconoció que en Mazatlán se han tomado las medidas necesarias para ordenar el uso de suelo y evitar asentamientos irregulares en zonas de riesgo.

Programa

Objetivo

Programa de Prevención de Riesgos

Se implementó a partir del 2016 y su objetivo es promover la prevención de riesgos en los asentamientos humanos, el ordenamiento territorial, así como llevar a cabo obras de mitigación y esquemas de reubicación de la población en zonas de riesgo.

Red de Ciudades Resilientes

Tiene como finalidad incrementar la capacidad de recuperación de las urbes en caso de desastres provocados por fenómenos naturales. A esta red se han integrado 20 ciudades del país, incluyendo a Mazatlán.

En un trabajo coordinado entre las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y de Gobernación (SEGOB), en colaboración con la ONU-Hábitat, coadyuvarán para que los gobiernos municipales que integran la Red elaboren un Perfil de Riesgo de cada ciudad.

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